Turno de oficinas: Turnismo, encasillado, clientelismo.

En España hoy se habla de regeneración política, tal y como se hizo también a mediados del régimen de la restauración monárquica. El régimen de la restauración duró de 1875 a 1923, casi 50 años, fue el régimen más largo en el tiempo de la historia de la España constitucional. El sistema establecido por el conservador Cánovas establece que el rey sea un árbitro de todo el proceso electoral, el administra el poder entre los partidos y propone al partido de turno que gobernará. En esa época nunca perdía las elecciones el partido que las convocaba, por eso se decía que 'son los gobiernos los que hacen las elecciones y no las elecciones las que hacen a los gobiernos'. Aunque hoy no sucede exactamente lo mismo son los gobiernos los que configuraron la ley electoral, que da lugar a los encuestazos, el provincialismo y el bipatidismo. Circunstancias que nos hacen ver el sistema turnista del siglo XIX como una alevoría de lo que sucede en el siglo XXI, donde tenemos la sensación de que todo ha cambiado para que algo permaneciera como estaba antes.

En el turnismo el ministro de gobernación prepara las elecciones a través de la red de gobernadores civiles del Estado, de esta manera la oligarquía se apoyaba en las redes caciquiles que orientaban el voto de los campesinos de las zonas rurales hacia un partido u otro. Se llamaba en esa época "encasillado" cuando el cazique proponía que se votara a un candidato foráneo. En las elecciones democráticas actuales son los miembros de las cúpulas y camarillas de los partidos los que deciden qué candidatos son los que van a presentarse por una lista del partido político. En la época de la restauración el régiman manipulaba por muchos medios las elecciones, y se generalizó el término de pucherazo como sinónimo de fraude electoral, el pucherazo consistía en sabotear la urna electoral para que saliera el candidato que se prentendía. Sin embargo a conservadores y liberales no les hubiera hecho falta realizar esas manipulaciones del proceso electoral, ya que la diferencia entre los otros partidos, los republicanos y el PSOE, era un abismo. Estas prácticas fraudulentas se entendían dentro del sistema y adecuadas a su buen funcionamiento. Hoy en día las elecciones se coordinan por medio de encuestas y sondeos, celebrándose cada 4 años o anticipándose cuando un gobierno está ya muy deteriorado políticamente. Si bien no se dan situaciones tan flagrantemente ilegítimas como en la restauración, se intenta, por otros mecanismos, manipular el resultado de las elecciones y la conformación de la opinión pública.

Los encuestazos hoy en día se dan porque las encuestas condicinanan el inconsciente, llevando a tendencias de voto marcadas por la circunscripción provincial, lo cual da lugar al provincialismo, que arraiga en las viejas raíces caciquiles de los ámbitos provinciales y municipales. Hoy en día tenemos fácil el acceso a la información, pero no significa que estemos mejor informados con las encuestas y sondeos. Los medios de comunicación nos muestran un enfoque único sobre los resultados electorales, no nos detallan aspectos más importantes para, de forma subliminal, orientar a la opinión pública hacia los partidos políticos del régimen, los cuales defenderán siempre los intereses de las grandes corporaciones. En algunos casos estas macroempresas han generado una actividad económica más grande que los propios estados. Este sistema electoral actual da lugar a situaciones confusas. El sistema puede hacer que uno obtenga más representación con menos votos, lo que beneficia a los partidos nacionalistas que concentran el voto en pocas provincias; y menos representación con más votos, lo cual perjudica a los partidos minoritarios estatalistas que dispersan su voto en muchas provincias. El sistema electoral plasma una imagen que captan los medios de comunicación, sublimándose éstos en las vísceras políticas. La estrategia de los 'mas media' consiste en captar una diversidad ostensible que oculte una uniformidad real.

Hoy en día cada vez hay más gente que se considera apolítica, que se desilusiona por el mensaje que le transmiten los políticos y dejan de participar en el proceso electoral. Ante esta situación los partidos se dedican a trivializar esos aspectos, poniéndolos es una esfera secundaria y apartada del debate público. La abstención en las elecciones españolas suele ser de 1/3 del electorado. Pero icluso se manipulan los sondeos, pues en las elecciones al parlamento autonómico de Galicia en 2012 la abstención oficial que publicaron los medios de comunicación fue de un 35%, cuando aún no se habían contabilizado los votos del censo del CEDA. Contabilizados los votos del CEDA, que contenía los votos de los no residentes, la abstención acabó siendo de un 45%. En el momento en el que se lanzaron los resultados provisionales del escrutinio los tertulianos y analistas políticos de la radio y la televisión hicieron un exaustivo análisis de los resultados electorales destacando etiquetas como que la abstención no había subido. Los sondeos a pie de escrutinio es otra de estas estrategias maquiavélicas que se hacen para hacer subconsciente el inmenso resultado de las elecciones, con una imagen difuminada en un óleo de matices imprecisos al ojo de la sociedad colectiva anónima, que supone el electorado. El poder del olvido de las masas es enorme.



Cuando murió el dictador Franco se empezó a configurar un nuevo régimen en el que las oligarquías supieron interpretar muy bien las nuevas reglas que se plantearon durante la transición. Este régimen se caracterizó por la consolidación de dos grandes partidos en el poder, el partido socialista, representado por Felipe González, y el partido popular, cuyo lider era José María Aznar. El sistema tecnócrata desde el cual las oligarquías estabilizan y consolidan su poder se basa en el turnismo, el encasillado y el clientelismo. Lo mismo que se daba hace 100 años lo tenemos hoy en día, pero barnizado con una ligera capa de democracia para hacerlo más atractivo al electorado. Ahora tenemos un sistema proporcional, aplicado en la circunscripción provincial, que da lugar al bipartidismo, y unas listas cerradas y bloqueadas que evocan los encasillados y fomentan el clientelismo.

Como sucedía hace 100 años hoy en día aún pervive en el ámbito provincial una escuela caciquil, que antes se amparaba institucionalmente en los gobernadores civiles y ahora se escudan en las diputaciones provinciales. El cacique más conocido de España es Carlos Fabra, aunque ya no tiene el cargo político, su familia era heredera de las gobernaciones civiles del siglo XIX, las cuales se caracterizaban, y aún se caracterizan ahora, por realizar prácticas clientelares en provincias rurales o de poca población. En el siglo XXI, estas prácticas caciquiles aún existen cuando no se han sintetizado con los poderes económicos. Los caciques compran votos haciendo favores a la población rural. El lema de los caciques era 'los favores para los amigos, la ley para los enemigos'. Además un volumen importante de puestos de trabajo dependen del gobierno que ejerce el poder en ese momento, me refiero aquí a los oficios de confianza, como asesores, funcionarios interinos, consejos de administración de empreses y fundaciones publicas, think tanks, delegaciones de gobierno...etc. Hace 100 años, antes de la implantación del sistema burocrático webberiano, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, los trabajos de funcionario público se consideraban como un patrimonio de los partidos de gobierno. Cada vez que cambiaba un gobierno cambiaban los funcionarios, los que se quedaban fuera pasaban oficialmente a la cesantía, percibiendo un pequeño subsidio hasta que cambiara el color del gobierno y poder ejercer su trabajo en el despacho oficial. La naturaleza de lo que antes se consideraba un soborno ahora se mimetiza en el sistema jurídico para intentar transformarlo en un 'quid pro quo', en una cosa por otra, un pacto legal e indirecto. Una especie de corrupción legal es lo que se puede observar ahora. Como ocurría antes, esta comparación intertemporal muestra como el núcleo de las cosas está corrompido. En los últimos casos de corrupción que han salido a la luz en España y que implican a muchos personajes públicos como los de Gürtel y el caso Campeón, muestran la manera usual de proceder de la cláse política, a través de dávidas y prevendas. Todo conduce a que las oligarquías pretendan establecer por medio de encajes en la idiosincracia caciquil un duopolio que esconda lo heterogéneo en su esponjosa uniformidad.

Es extraño como hoy en día la realidad política española nos muestra extrañas semejanzas con el régimen de la restauración monárquica. La restauración monárquica, que empezó en 1876, supuso la implantación del sistema electoral canovista, el cual se basaba en la alternancia de dos grandes partidos en el poder. Hoy en día, 100 años después, con la Constitución española de 1978, que acabo instaurando un régimen bipartidista atenuado, las sensaciones de nostalgia hacia épocas pretéritas florece en las comparaciones. En aquella época era una alternancia entre un partido liberal, liderado por Cánovas y otro conservador, liderado por Sagasta. Tanto en el régimen de monarquía parlamentaria actual como en el de la restauración había elecciones públicas para elegir a los miembros del parlamento. Cuando el gobierno de una de las dos fracciones políticas se desgastaba en el poder se alternaba con el gobierno del otro gran partido político, así como ha ocurrido en la España democrática, en la que PP y PSOE se han ido turnando en el poder conforme se iban desgastando sus respectivos gobiernos. Hace 100 años las elecciones eran falseadas por medio de varios mecanismos. Hoy se manipula el resultado electoral y el análisis de los sondeos en clave de gobernabilidad, que en virtud de lo que establece el sistema electoral impide que haya otra fuerza política fuerte al margen de las bipartidistas. Si bien hace 100 años no cabían otros partidos políticos, ahora cabe el multipartidismo en teoría, pero eso puede ser una mera hipótesis en el encasillado que suponen las listas cerradas y las circunscripciones electorales. Si bien es cierto que ahora cuando un gobierno no es fuerte se suele ver obligado a pactar con los partidos nacionalistas minoritarios, no hay ningúna dirección de gobierno que no pase por uno de los dos partidos mayoritarios.

Atraparados

La Constitución dice que todo el mundo tiene el derecho y el deber de trabajar. Sin embargo a día de hoy el trabajo se ha convertido, en España, en un privilegio. Muchos de los que trabajan, tienen un sueldo,  cotizan, disfrutan de pagas extra y vacaciones pagadas, entre otros derechos que legalmente se reconocen a todos los trabajadores; cuando les preguntas por su trabajo afirman que les ha tocado la lotería. En realidad según el sistema jurídico todos somos iguales ante la ley, en la práctica eso depende de la situación personal y socioeconómica de cada uno. Uno no tiene el derecho a trabajar, sino que tiene la necesidad de que lo exploten de la manera que resulte más rentable al empleador. Uno no tiene el deber de trabajar, sino que tiene la costumbre de buscar una fuente de renta dineraria si quiere vivir de una forma a la que se le obliga a perseguir desde el nacimiento. Bajo estas perspectivas se está inflando una burbuja sobre el empleo asalariado que dará lugar autonomismo, o lo que es lo mismo, que todos seamos autónomos. 

Mientras tanto la economía sumergida está en el orden del día. Es una economía que se da actualmente en múltiples empresas para poder mantenerse en el mercado actual. Donde más se da la economía sumergida es en el calzado, la hostelería y la agricultura. El cobro en metálico y en negro no es más que el principio por el que se mueve la economía sumergida. Pero la gente, que por apuros, se tiene que regir por la economía sumergida ve como los políticos, en algunos casos, disfrutan de una parte importante de su actividad en régimen de economía sumergida, cuando ellos no tienen la imperiosa necesidad de hacer estas prácticas, por lo tanto esa gente corriente, moralmente no tienen la sensación de estar obrando mal.  Me refiero aquí a aquellos políticos que cobran comisiones y sobresueldos, por ejemplo, por una recalificación de terrenos. Los representantes públicos son los que más deberían regirse por los cauces legales en sus actividades económicas porque el dinero que financia su trabajo en las instituciones políticas viene de la economía declarada, la que paga los tributos que van a las arcas estatales. Y lo más seguro es que cuando acabe la crisis, si acaba de verdad, la economía sumergida no aflorará, sino que se consolidará, dejando como poso unas condiciones laborales para las nuevas generaciones que serán tan malas o peores como las que teníamos a principios del siglo XIX.

Siento que el peso del deber me aprisiona, pero a la vez me libera el aspecto de ver el trabajo como un derecho, cuyo contenido es tan vaciable como si su causa radicara en una adicción, la adicción por el margen de beneficio. Por eso pienso que yo no tengo la culpa pero soy parte de la causa de este descontrol aceptable, ya que tradicionalmente los comportamientos ligados a la economía sumergida han venido siempre tolerados por la mayoría de la sociedad, ignorando las consecuencias negativas que conlleva. Quiero decir que la ignorancia de las leyes no exige su cumplimiento, y esto no hay precepto que lo establezca, pero es una realidad irrefutable que está por encima del oficialismo jurídico. Por lo tanto me encuentro atrapado por la ignorancia de muchos que vacían unos derechos que nos corresponden a todos y, además, se enfrentan a mi cuando estoy luchando no sólo por mi sino por los derechos de todos. El sistema te obliga a ser un egoísta y a luchar sólo por tus intereses privados, porque si luchas por los derechos de los demás se aprovechan de ti.

Es difícil hablar de derechos cuando éstos se han desarrollado en un sistema de puertas entreabiertas para que unos cauces realistas consoliden el fraude de ley generalizado. Estamos fomentando un sistema, que vigilan ciertas élites, para generar fuentes de renta sin ningún incremento de la producción. Hablo de lo lo que no se quiere observar, del periodista que falta a la verdad, del político que provoca el engaño, del funcionario que se siente cómodo en la ambivalencia de las leyes..etc. Necesitamos un cambio inaudito, una novedad en el hacer y en el actuar. 

Hablar de igualdad requiere en un primer momento analizar la desigualdad para equipararla sobre un ajuste que equilibre las situaciones personales y sociales. Pero ya no se pueden hacer juicios de igualdad sin entrometerse en una literatura jurídica que resulta estúpida por el simple desglose de los contenidos. Esa división que limita marca los supuestos de aptitud legal y desafección permitida. En otras palabras, yo no soy igual a los demás, lo que me hace igual es mi desigualdad, todos somos iguales en nuestras desigualdades porque todas ellas existen en una misma realidad, la configurada por los Estados de derecho. Y esta es una realidad irrefutable, ya que no tenemos nada contrario a los estados en el ámbito  mundial, todo el espacio terrestre está dividido en trozos de terreno sobre los que rige una soberanía hipotética. Algunos autores se refieren a zonas grises (Somalia, parte de Méjico y Colombia, el norte de Chipre, la zona occidental de Paquistán...etc) pero estas se solapan con la omnipresencia de los Estados. 

Cuando partimos de una herencia iconoclásica y desvirtuamos la contradicción natural de dos partes encontradas por hacer prevalecer su derecho privado hay caminos que se desecan para crear la nueva infraestructura "utopráctica". Lo que quiero decir aquí es que el sistema funciona porque hay un ecosistema, este ecosistema, en el caso humano, es el de las economías de escala, el común equilibrio natural al margen paralelo de las normas. Las leyes resultan muchas veces estúpidas pero lo que las hace interesantes es su adecuación a la normalidad. Todo a lo que damos excesiva importancia es estúpido hoy en día y las cosas más importantes son vistas por la mayoría como una estupidez que reconforta el ego personal.

Ya somos desgraciadamente inconscientes de muchas virtudes practicadas desde cauces oficiales, que desechan lo que se instituyo anteriormente por criterios de oportunidad y consciencia. Los que no entran dentro de un marco regulador denominado objetivo, que parte, paradójicamente, de criterios subjetivos, son los indignados que no tienen más que reestructurarse para dispersarse y finalmente enmendarse.

Si bien podría determinarse una culpabilidad determinada con nombres y apellidos. Cuando el estudiante empezó a indagar observó que las hojas y la caja negra de la navegación habían desaparecido del códex jurídico.  La culpa inimputable es lo que se persigue con estas tendencias. Podemos dialogar hasta desgastar y cuando no funciona silenciar con argumentos que redefinen el silencio en clave de infinitud cuántica, que por su mismo circuito resulta cerrada e instituida.

Y es que la responsabilidad política es muy difícil de demostrar. No responde a una injusticia casual, sino que se basa en una causalidad, pero el inconsciente piensa de lo contrario. Es decir, y se lo complejo que resulta esto de entender, que no hay una causalidad directa dimanante que afecte a múltiples casos en abstracto, sino que se basa en la ficción de un poder otorgante y otorgado que es directriz de normalidad y fuente de toda normativa. Los errores de gobierno son reseñados como catástrofes inevitables. Dentro de toda esta confusión el poder justifica sus decisiones políticas y las irresponsabiliza, otra vez confusamente, por el principio de jerarquía administrativa. 

Para aclarar el párrafo anterior es preciso hablar de el tiempo, lo que se conoce como la cuarta dimensión. Ese aspecto de nuestra realidad tiene anclajes ineludiblemente personales. Por eso cada ley que se aprueba depende de la actualidad política y social en el momento determinado, aunque se base en criterios objetivos, al hacerlos en la práctica objetibables incurrimos en el fraude heurístico. Pues ningún criterio objetivo puede ser objetivable sin atender al tiempo por el cual ese criterio arraigó para establecer los preceptos jurídicos aplicables. Dicho de otro modo todo criterio objetivo debe ser subjetivable puesto en práctica. Y en este punto clave es cuando el criterio objetivo pierde fuerza al objetivarlo, lo que supone la ineptitud de los mismos criterios objetivos.

Lo que planteo aquí, reexplicado otra vez, es que la aplicabilidad de las normas no es lo mismo que su aplicación. Y la aplicabilidad de las normas corresponde a todo poder ejecutivo. La aplicación de las normas es un deber de los poderes públicos, pero la aplicabilidad es una obligación para ellos. En el momento de la aplicabilidad el estado tiene la obligación de ejercer sus funciones, pero en un punto equidistante entre el derecho y la costumbre, cuya ubicación es muy complicada de determinar, se cuela el margen de discreccionalidad, que le permite al poder ejecutivo aplicar o no una norma determinando unilateralmente el grado de aplicabilidad. Esto no es fácil de demostrar jurídicamente, sino que dependerá del caso concreto, por lo que hay que subjetivar los criterios objetivos.

Cualquiera que haya seguido la explicación puede saber a qué me refiero. Poniendo ejemplos en concreto: un policía puede determinar, unilateralmente y sin ninguna culpabilidad, si usted es culpable o no, jugando con ese margen discreccional que constituye la realidad sobre la aplicabilidad de las leyes, y no la irrealidad sobre su aplicación.

En conclusión: No hay trabajo porque el trabajo no es un derecho (aplicabilidad) sino un deber abstracto (oblicación) que sólo se convierte en un verdadero derecho-deber cuando hay un contrato, el cual se impone para recaudar y se supone para amortizar. 

Los abusos judiciales en España

Sin entrar en casos y en ejemplos concretos, las últimas encuestas de opinión que se han hecho en España sobre la justicia han revelado que el ciudadano no tiene una visión positiva del sistema judicial. Para la mitad la justicia española funciona mal o muy mal y la mayoría piensa que es además muy lenta. La opinión generalizada es que la balanza de la justicia acaba decantándose por inercia hacia los poderosos o los que más tienen. Pero esta percepción sobre la justicia viene ya de mucho tiempo, y ha dado lugar a algunos refranes populares. A mi me llamó la atención cuando escuché que un juez dijo una vez "en pleitos no te veas ni aunque los ganes".


La corrupción judicial radica en el abandono del principio de imparcialidad judicial, trivializando la legalidad y ejerciendo una justicia en la que se limita y retrocede la carga de la prueba con la intención de emitir una decisión que perjudicará a la parte más débil en el proceso judicial. Esta corrupción afecta al derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos

El problema de la justicia es que el propio sistema judicial produce abusos a los ciudadanos. El poder judicial implica una enorme responsabilidad y eso se manifiesta en la propia independencia, reconocida por la propia constitución, de los jueces respecto al resto de poderes públicos.

Por corrupción entendemos las actitudes y actividades por las cuales una persona transgrede los compromisos adquiridos con otras, utilizando sus privilegios para obtener acuerdos cuyo objetivo es obtener un beneficio ajeno al bien común. Es mejor a veces aceptar una situación injusta en vez de enfrentarse a los que la realizan.

El Consejo General del Poder Judicial o CGPJ, si bien tiene por ley el control de las actividades judiciales, en la práctica sólo sanciona aquellos asuntos en los que hay una repercusión social o un interés mediático. El problema es que no hay que depender de los medios de comunicación para tener una auténtica justicia, si es que se le puede llamar a la justicia un concepto real.

La ley procesal es la que controla el proceso judicial. Mediante la ley procesal se puede desvirtuar la aplicabilidad de las leyes materiales. Un juez puede no admitir pruebas directamente relacionadas con un asunto, también se pueden preparar documentos falsos o aportar testigos falsos para obtener un resultado que interesa, pero eso es más difícil y más peligroso para el juez.

Un tribunal bufo es un procedimiento judicial que rechaza el debido procedo por razones de conveniencia, un juicio injusto y fraudulento en el que la decisión final se ha tomado de antemano, manipulando el proceso o negando la defensa. Una farsa judicial es realizar un juicio fraudulento con apariencia de legalidad, el resultado es que no se le proporciona al condenado ninguna de las garantías inherentes al proceso que le permitan tener acceso a la justicia.

Un delito de prevaricación lo puede cometer un juez al dictar una sentencia o una resolución injusta, a sabiendas o por negligencia. La prevaricación es un delito muy castigado por el Código Penal, pero la falta de disciplina judicial crea cauces para que pase inadvertida en nuestro propio sistema judicial. La razón principal de la prevaricación es que se produzca una ilegalidad tan flagrante que quede de manifiesto en la irracionalidad de la resolución, la cual pone de manifiesto su arbitrariedad.

Entre los posibles abusos judiciales tenemos las incapacitaciones fraudulentas. Estas consisten en abusar de la psiquiatría y decir que la víctima en cuestión tiene una enfermedad mental, que no se manifiesta externamente y sólo la puede dictaminar un experto. Otro posible abuso consiste en interponer querellas falsas utilizando la fiscalía para presentar una querella, sin pruebas y sin definir el delito en cuestión; y procesando el delito como si fuera correcto y legal. Además todo juez puede decidir qué personas tienen obedecer o no las leyes, de esta manera se pueden hacer resoluciones favorables a los amigos.

En cuanto a las trampas posibles del procedimiento tenemos múltiples artimañas judiciales para desvirtuar la propia justicia desde la institución judicial. En cuanto a las notificaciones a veces se le da a un empleado del juzgado para que firme una notificación o simplemente no se notifica la resolución, que sigue como si se hubiera notificado y fuera firme. Pero también en cuanto a las pruebas su manipulación se puede dar en múltiples fases. Muchos jueces deniegan las pruebas sin motivación (algo que se viene haciendo mucho), pero también puede darse el caso de cambiar la información que se ha enviado a un perito, o pedir un informe falso a la policía, o cambiar la información cuando pasa de un funcionario a otro o, simplemente, que el juez no haga caso de la prueba. En cuanto a los peritos, expertos y forenses, estos pueden manipular la información que tengan y sus informes, por lo que hay que mirar si utilizaron toda la información presentada y no se inventaron nada. Por último una trampa muy común es la de aceptar malos consejos, por ejemplo los funcionarios son capaces de decir cualquier cosa para hacer su trabajo más fácil y rápido, como pedir la firma en un documento diciendo que no tiene ninguna trascendencia.

No es nada fácil protegerse de esta corrupción impune con apariencia de inocente legalidad. Los operadores jurídicos son personas bien integradas en la sociedad y debido a la larga historia de corrupción que tenemos en España en el inconsciente colectivo se tiene la idea de que la corrupción es normal e inevitable. Pero ahora los ciudadanos se están dando cuenta de la magnitud de la corrupción existente y las reacciones ante tan ingente cantidad de corrupción están empezando a cambiar. La mejor protección es evitar el uso de su superior posición en contra. El punto débil de este sistema judicial es el propio orgullo de los operadores jurídicos y su énfasis en mantener la apariencia de legalidad en un asunto. El objetivo de los corruptos es que el expediente aparente tener un procedo legal aséptico.

Resulta incongruente pensar que el sujeto que se somete a derecho necesite protegerse de su propio abogado, que aparentemente está ahí para defender los propios intereses. La realidad es que los abogados trabajan para los tribunales y nunca van a hacer nada en contra de los intereses de los tribunales. En definitiva los abogados pueden ir en contra de tus propios intereses para obtener una resolución injusta en tu contra que desea el juez. Para evitar esto no hay que confiar nunca exclusivamente en el abogado. El abogado puede empezar bien y luego cuando se entera que el juez tiene un interés en el asunto se puede volver en tu contra. Uno tiene que mirar con detenimiento todo lo que hace el abogado y si hay algo que no se entiende hay que preguntárselo al abogado. En el caso de que el abogado no de explicaciones satisfactorias es recomendable acudir a otro letrado. En el mundo de las leyes nada es inexplicable y cada procedimiento se dictamina por referencias a varias leyes. No hay que permitir que el abogado te convenza de que no puedes saberlo todo. Por otra parte nunca hay que entregar los documentos originales al abogado, sólo copias o en cualquier caso copias certificadas ante notario. Han habido muchos casos en lo que los abogados han perdido los documentos originales, lo que impide su utilización en un futuro. Por otra parte hay que estar encima del letrado para no dejar que espere hasta el último minuto para presentar un recurso, son capaces de decir que lo van a presentar y luego no hacerlo, con lo que uno se puede encontrar con una resolución firme. Por último hay que solicitar al procurador que te envíe copias de todo lo enviado y recibido por el abogado.

El procurador es el operador jurídico que representa a las personas en un juicio. Los procuradores pueden hacer mucho daño si no reenvían al afectado los documentos recibidos por el juzgado. Aunque su ámbito de actuación para perjudicarte es más reducido, ya que tienen que demostrar que has recibido los documentos y eso sólo lo pueden hacer falsificando la firma.

En cuanto a los peritos forenses, se supone que son expertos sobre una materia en cuestión, por lo que resulta complicado desarticular sus conclusiones. La realidad es que dos peritos pueden analizar el mismo documento y llegar legítimamente a conclusiones opuestas. Para los corruptos esto supone que siempre pueden encontrar a alguien que les dé la opinión experta favorable a sus intereses. Muchos peritos trabajan directamente para los tribunales, como los médicos forenses y los expertos de la policía. Si se busca un perito nunca hay que indicar a éste ni que el juez tiene un interés en el asunto ni revelarle cuál es la contraparte. Por otra parte hay que obtener el informe del perito lo antes posibles, antes de que el juez se entere y pueda influir en el perito para cambiar su informe. Por último si los peritos necesitan una prueba médica en contra tuya tienes que alegar cualquier excusa para visitar al médico forense, en último lugar siempre puedes indicar que la constitución, interpretada de manera extensiva, prohibe que te obliguen a visitar a un médico forense.

Toda esta información esta sacada de la página "abusos judiciales" de la red Onion.