Los abusos judiciales en España

Sin entrar en casos y en ejemplos concretos, las últimas encuestas de opinión que se han hecho en España sobre la justicia han revelado que el ciudadano no tiene una visión positiva del sistema judicial. Para la mitad la justicia española funciona mal o muy mal y la mayoría piensa que es además muy lenta. La opinión generalizada es que la balanza de la justicia acaba decantándose por inercia hacia los poderosos o los que más tienen. Pero esta percepción sobre la justicia viene ya de mucho tiempo, y ha dado lugar a algunos refranes populares. A mi me llamó la atención cuando escuché que un juez dijo una vez "en pleitos no te veas ni aunque los ganes".


La corrupción judicial radica en el abandono del principio de imparcialidad judicial, trivializando la legalidad y ejerciendo una justicia en la que se limita y retrocede la carga de la prueba con la intención de emitir una decisión que perjudicará a la parte más débil en el proceso judicial. Esta corrupción afecta al derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos

El problema de la justicia es que el propio sistema judicial produce abusos a los ciudadanos. El poder judicial implica una enorme responsabilidad y eso se manifiesta en la propia independencia, reconocida por la propia constitución, de los jueces respecto al resto de poderes públicos.

Por corrupción entendemos las actitudes y actividades por las cuales una persona transgrede los compromisos adquiridos con otras, utilizando sus privilegios para obtener acuerdos cuyo objetivo es obtener un beneficio ajeno al bien común. Es mejor a veces aceptar una situación injusta en vez de enfrentarse a los que la realizan.

El Consejo General del Poder Judicial o CGPJ, si bien tiene por ley el control de las actividades judiciales, en la práctica sólo sanciona aquellos asuntos en los que hay una repercusión social o un interés mediático. El problema es que no hay que depender de los medios de comunicación para tener una auténtica justicia, si es que se le puede llamar a la justicia un concepto real.

La ley procesal es la que controla el proceso judicial. Mediante la ley procesal se puede desvirtuar la aplicabilidad de las leyes materiales. Un juez puede no admitir pruebas directamente relacionadas con un asunto, también se pueden preparar documentos falsos o aportar testigos falsos para obtener un resultado que interesa, pero eso es más difícil y más peligroso para el juez.

Un tribunal bufo es un procedimiento judicial que rechaza el debido procedo por razones de conveniencia, un juicio injusto y fraudulento en el que la decisión final se ha tomado de antemano, manipulando el proceso o negando la defensa. Una farsa judicial es realizar un juicio fraudulento con apariencia de legalidad, el resultado es que no se le proporciona al condenado ninguna de las garantías inherentes al proceso que le permitan tener acceso a la justicia.

Un delito de prevaricación lo puede cometer un juez al dictar una sentencia o una resolución injusta, a sabiendas o por negligencia. La prevaricación es un delito muy castigado por el Código Penal, pero la falta de disciplina judicial crea cauces para que pase inadvertida en nuestro propio sistema judicial. La razón principal de la prevaricación es que se produzca una ilegalidad tan flagrante que quede de manifiesto en la irracionalidad de la resolución, la cual pone de manifiesto su arbitrariedad.

Entre los posibles abusos judiciales tenemos las incapacitaciones fraudulentas. Estas consisten en abusar de la psiquiatría y decir que la víctima en cuestión tiene una enfermedad mental, que no se manifiesta externamente y sólo la puede dictaminar un experto. Otro posible abuso consiste en interponer querellas falsas utilizando la fiscalía para presentar una querella, sin pruebas y sin definir el delito en cuestión; y procesando el delito como si fuera correcto y legal. Además todo juez puede decidir qué personas tienen obedecer o no las leyes, de esta manera se pueden hacer resoluciones favorables a los amigos.

En cuanto a las trampas posibles del procedimiento tenemos múltiples artimañas judiciales para desvirtuar la propia justicia desde la institución judicial. En cuanto a las notificaciones a veces se le da a un empleado del juzgado para que firme una notificación o simplemente no se notifica la resolución, que sigue como si se hubiera notificado y fuera firme. Pero también en cuanto a las pruebas su manipulación se puede dar en múltiples fases. Muchos jueces deniegan las pruebas sin motivación (algo que se viene haciendo mucho), pero también puede darse el caso de cambiar la información que se ha enviado a un perito, o pedir un informe falso a la policía, o cambiar la información cuando pasa de un funcionario a otro o, simplemente, que el juez no haga caso de la prueba. En cuanto a los peritos, expertos y forenses, estos pueden manipular la información que tengan y sus informes, por lo que hay que mirar si utilizaron toda la información presentada y no se inventaron nada. Por último una trampa muy común es la de aceptar malos consejos, por ejemplo los funcionarios son capaces de decir cualquier cosa para hacer su trabajo más fácil y rápido, como pedir la firma en un documento diciendo que no tiene ninguna trascendencia.

No es nada fácil protegerse de esta corrupción impune con apariencia de inocente legalidad. Los operadores jurídicos son personas bien integradas en la sociedad y debido a la larga historia de corrupción que tenemos en España en el inconsciente colectivo se tiene la idea de que la corrupción es normal e inevitable. Pero ahora los ciudadanos se están dando cuenta de la magnitud de la corrupción existente y las reacciones ante tan ingente cantidad de corrupción están empezando a cambiar. La mejor protección es evitar el uso de su superior posición en contra. El punto débil de este sistema judicial es el propio orgullo de los operadores jurídicos y su énfasis en mantener la apariencia de legalidad en un asunto. El objetivo de los corruptos es que el expediente aparente tener un procedo legal aséptico.

Resulta incongruente pensar que el sujeto que se somete a derecho necesite protegerse de su propio abogado, que aparentemente está ahí para defender los propios intereses. La realidad es que los abogados trabajan para los tribunales y nunca van a hacer nada en contra de los intereses de los tribunales. En definitiva los abogados pueden ir en contra de tus propios intereses para obtener una resolución injusta en tu contra que desea el juez. Para evitar esto no hay que confiar nunca exclusivamente en el abogado. El abogado puede empezar bien y luego cuando se entera que el juez tiene un interés en el asunto se puede volver en tu contra. Uno tiene que mirar con detenimiento todo lo que hace el abogado y si hay algo que no se entiende hay que preguntárselo al abogado. En el caso de que el abogado no de explicaciones satisfactorias es recomendable acudir a otro letrado. En el mundo de las leyes nada es inexplicable y cada procedimiento se dictamina por referencias a varias leyes. No hay que permitir que el abogado te convenza de que no puedes saberlo todo. Por otra parte nunca hay que entregar los documentos originales al abogado, sólo copias o en cualquier caso copias certificadas ante notario. Han habido muchos casos en lo que los abogados han perdido los documentos originales, lo que impide su utilización en un futuro. Por otra parte hay que estar encima del letrado para no dejar que espere hasta el último minuto para presentar un recurso, son capaces de decir que lo van a presentar y luego no hacerlo, con lo que uno se puede encontrar con una resolución firme. Por último hay que solicitar al procurador que te envíe copias de todo lo enviado y recibido por el abogado.

El procurador es el operador jurídico que representa a las personas en un juicio. Los procuradores pueden hacer mucho daño si no reenvían al afectado los documentos recibidos por el juzgado. Aunque su ámbito de actuación para perjudicarte es más reducido, ya que tienen que demostrar que has recibido los documentos y eso sólo lo pueden hacer falsificando la firma.

En cuanto a los peritos forenses, se supone que son expertos sobre una materia en cuestión, por lo que resulta complicado desarticular sus conclusiones. La realidad es que dos peritos pueden analizar el mismo documento y llegar legítimamente a conclusiones opuestas. Para los corruptos esto supone que siempre pueden encontrar a alguien que les dé la opinión experta favorable a sus intereses. Muchos peritos trabajan directamente para los tribunales, como los médicos forenses y los expertos de la policía. Si se busca un perito nunca hay que indicar a éste ni que el juez tiene un interés en el asunto ni revelarle cuál es la contraparte. Por otra parte hay que obtener el informe del perito lo antes posibles, antes de que el juez se entere y pueda influir en el perito para cambiar su informe. Por último si los peritos necesitan una prueba médica en contra tuya tienes que alegar cualquier excusa para visitar al médico forense, en último lugar siempre puedes indicar que la constitución, interpretada de manera extensiva, prohibe que te obliguen a visitar a un médico forense.

Toda esta información esta sacada de la página "abusos judiciales" de la red Onion.